Chiapas cuenta en la actualidad con al menos diez mil indígenas desplazados por el conflicto existente en el estado, y mientras esta cifra no disminuya considerablemente, y continúen existiendo casos de represión e intimidación hacia los grupos de desplazados, parece obvio que la declaración del Presidente Fox asegurando que el conflicto en Chiapas “ya está solucionado” , está tristemente muy lejos de la realidad.

El problema, originado tras el levantamiento armado de 1994 y la violenta respuesta del gobierno, provocó el desplazamiento de hasta 35.000 personas. Aunque muchos de ellos ya han regresado a sus comunidades de origen, se estima que en el año 2005 aún existen entre 10.000 y 12.000 personas desplazadas en Chiapas, y pese a que el gobierno se comprometió a desarrollar una política para solucionar este problema, hasta hoy no se ha cumplido.

La mayoría de los desplazamientos ocurrieron antes del año 2000, aunque posteriormente la actividad paramilitar y las amenazas contra comunidades indígenas y contra grupos de desplazados que han regresado a sus comunidades no han ayudado a detener el problema.

Como causas principales  aparecen dos ejes opuestos: por un lado las ONG’s y los propios desplazados acusan al gobierno de proteger los intereses económicos y sociales de unos pocos, mediante la apertura de los recursos naturales y energéticos del estado a la inversión privada y extranjera, además de proseguir con la guerra de "baja intensidad" para expulsar a las comunidades indígenas de sus tierras originales. Por otro lado, las autoridades culpan a los conflictos étnicos y religiosos entre comunidades.
Otra crítica que ha recibido el gobierno es utilizar como un valioso arma a su favor la división en las comunidades, entre  grupos de priistas, perredistas o panistas por un lado, y zapatistas por el otro, dando un trato preferencial a los primeros y aumentando así las disputas políticas y por la tierra, e incluso los casos de violencia entre miembros de las
mismas comunidades.

Otro factor importante en el problema es el papel del Ejército, acusado continuamente de abusar de los derechos humanos y de usar la fuerza contra “probables” simpatizantes de grupos rebeldes, opuestos a proyectos gubernamentales. A pesar de las frecuentes acusaciones de tortura y desapariciones, el Ejército continúa actuando impunemente,  mientras la población civil y algunos defensores de derechos humanos que han denunciado abusos han recibido represalias, amenazas e incluso la muerte, como en el caso de la activista y abogada Digna Ochoa.

Los grupos paramilitares continúan con sus actividades “justicieras”, contando para ello con la impunidad y en algunos casos con apoyo gubernamental, como en el caso del grupo más representativo, paradójicamente llamado “Paz y Justicia”. Los paramilitares, con el consentimiento de autoridades locales, estatales e incluso federales, continúan ejerciendo actos violentos con total impunidad. (sirva como ejemplo la masacre de Acteal, en la que murieron 48 personas,  y por la cual nadie ha sido aún castigado)
 
Las principales víctimas del desplazamiento han sido los campesinos indígenas pobres, muchos de ellos marginados social, política y económicamente, y víctimas de abusos, discriminación, tortura, detenciones arbitrarias, masacres y continuados actos de intimidación incluyendo amenazas de muerte.

 Aunque la inseguridad y el acoso de los paramilitares continúa representando una amenaza para las comunidades indígenas, algunas de ellas, (como unas 1500 personas del grupo "Las Abejas" ) ya regresaron a sus comunidades pese a la falta de seguridad y del incumplimiento de los compromisos prometidos por el gobierno. Tras su regreso, algunos de ellos siguen siendo víctimas de amenazas por grupos paramilitares.

Entre los que continúan desplazados (algunos de los cuales han huido a zonas montañosas del estado), la situación actual es difícil, al vivir en sitios prácticamente inaccesibles para las asistencia humanitaria, en condiciones muy pobres y en campamentos que frecuentemente carecen de acceso a luz, agua potable y otros servicios básicos, y lo que es peor, sin tierras donde poder cultivar, ya que éstas se encuentran bajo control del gobierno o incluso paramilitar.

La situación actual es preocupante. Además de la ya grave situación de los desplazados, se ha restringido el acceso de asistencia humanitaria en algunas áreas zapatistas, e incluso varios defensores de derechos humanos también han sufrido acoso, amenazas de muerte o incluso la expulsión del país en el caso de voluntarios extranjeros.

En la actualidad, el gobierno mexicano continúa sin cumplir sus compromisos para mejorar la situación de las víctimas del conflicto, que continuará mientras no se reconozcan los derechos de todos a la tierra y a justicia, y especialmente mientras la actividad paramilitar siga siendo tolerada y promovida desde estamentos políticos superiores, que parecen muy interesados en preservar la incalculable riqueza del estado chiapaneco y venderla al mejor postor, pero no en la mejoría de las condiciones de vida de quienes llevan viviendo aquí desde hace cientos e incluso miles de años.